¿Cinco entidades para controlar el transporte?, el sistema atomizado que no ayuda
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, advierte que el control del tránsito y del transporte en Guatemala está repartido entre varias entidades que no siempre trabajan de forma coordinada. Para él, esa “atomización” explica por qué resulta tan difícil detener a tiempo a un bus o un tráiler que viaja con exceso de velocidad o sobrecarga.
Suriano detalla que el registro de vehículos y placas está en manos de la SAT, mientras la Policía Nacional Civil y las Policías Municipales de Tránsito se encargan de regular la circulación en más de 300 municipios. A la vez, la Dirección General de Transporte supervisa buses y licencias de operación, Caminos controla pesos y dimensiones, y Provial solo puede coadyuvar, sin plena capacidad sancionatoria. “Solo para decirte lo atomizado que está”, resume.
Ese diseño institucional provoca, según el viceministro, que la respuesta ante una denuncia concreta sea lenta y limitada. Pone como ejemplo los casos en que ciudadanos alertan de un bus a alta velocidad: la PNC debe llegar para multar al piloto, y aun así la sanción es baja, alrededor de 300 quetzales. “Cuando debiese poderse quitar la licencia también de manejar”, plantea, al señalar que el castigo actual no disuade a los reincidentes.
Suriano reconoce que Provial tiene un papel importante en las carreteras, pero subraya que su función histórica ha sido más de apoyo que de sanción directa. Por eso impulsa un plan para dotarla de más agentes, tecnología, cámaras y radares, y ve con mejores ojos que se le otorgue capacidad sancionatoria. “Cada vez estoy más anuente a hacerlo”, admite, después de haber dudado inicialmente por falta de herramientas de control.
El viceministro insiste en que, mientras unas instituciones tienen la ley pero no la tecnología, otras tienen presencia en carretera pero competencias limitadas. Esa combinación, dice, deja espacios para la impunidad y para “comportamientos no transparentes” tanto de funcionarios como de actores privados. Por ello insiste en que el fortalecimiento institucional no es un lujo, sino un requisito para proteger la vida.
Su propuesta de fondo es que el Estado construya una visión sistémica del transporte, con una mesa permanente en el Congreso donde se sienten quienes manejan infraestructura, seguridad, economía y regulación. “Debemos generar una institucionalidad que te permita atender de una forma sistémica el tema”, afirma, convencido de que la solución no puede depender de personas o gobiernos específicos.
Suriano concluye que, aunque los gobiernos terminan, la sociedad sigue, y por eso se necesitan reglas y estructuras que sobrevivan a los cambios de administración. “Tenemos que dar soluciones que realmente sean sostenibles, aunque lleven tiempo, como ha hecho cualquier país medianamente desarrollado”, sentencia. Mientras tanto, promete seguir empujando ajustes legales y operativos para que las múltiples instituciones involucradas dejen de funcionar como islas.