Anabella Morfín promete independencia tras asumir presidencia de CC
La magistrada Anabella Morfín asumió la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en un acto protocolario. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, marcando el inicio de la nueva magistratura para el período 2026-2031. Previamente, el relevo se formalizó a la medianoche en la sede de la CC, en la zona 1 capitalina.
Morfín destacó que su gestión, que abarca el período 2026-2027, se enfocará en garantizar el respeto a la Constitución. Asimismo, indicó que actuará con imparcialidad y objetividad. Subrayó la importancia de una Corte independiente y apegada al orden constitucional.
Compromisos de Gestión
La nueva presidenta reconoció como principal desafío la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución. Describió el contexto actual como una «crisis de credibilidad del Estado». Morfín enfatizó la importancia de una Corte independiente.
La magistrada hizo énfasis en que la CC debe actuar sin invadir competencias de otras instituciones. También señaló la necesidad de responder con mayor agilidad a los casos que conoce. Esto busca evitar retrasos en las resoluciones constitucionales.
Desafíos Institucionales
La magistratura saliente, presidida por Leyla Lemus en su último año, entregó el cargo. Lemus destacó los compromisos pendientes que ahora recaen en la nueva integración del tribunal. La Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Estos magistrados son designados por diferentes instancias del Estado y velarán por la supremacía de la Constitución durante los próximos cinco años. La presidencia de la CC se ejercerá de forma rotativa entre los magistrados. Morfín fue designada por el presidente Bernardo Arévalo y continuará con el resto de integrantes del pleno en los próximos años.
Con este cambio de autoridades, la máxima corte del país inicia una nueva etapa. Esta se marca por altas expectativas y el desafío de fortalecer su papel como garante del orden constitucional en Guatemala.