Unidad de Medidas de Coerción busca cambiar el manejo de la prisión preventiva
La reforma al Código Procesal Penal aprobada por el Congreso contempla la creación de la Unidad de Medidas de Coerción, una dependencia que estará bajo la órbita del Organismo Judicial y tendrá a su cargo la evaluación técnica de los riesgos procesales de las personas sindicadas.
La diputada Andrea Reyes, una de las impulsoras de los cambios, explicó que la normativa modifica o adiciona 15 artículos del código y busca que los jueces cuenten con criterios técnicos para determinar si existe peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación antes de resolver sobre las medidas de coerción.
Uno de los objetivos de la reforma es eliminar la figura conocida como «prisión provisional», que, según Reyes, permitía mantener a personas privadas de libertad durante periodos prolongados sin que se resolviera formalmente su situación jurídica dentro de los plazos legales.
Con la nueva unidad, se busca fortalecer la evaluación de cada caso y contribuir a que las decisiones judiciales sobre prisión preventiva o medidas sustitutivas respondan a los riesgos procesales identificados.
La implementación de esta dependencia estará a cargo del Organismo Judicial, que deberá desarrollar los mecanismos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones. La reforma pretende reducir las detenciones prolongadas sin resolución judicial, sin eliminar la posibilidad de imponer prisión preventiva cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.