Interventor de Fegua descarta desalojos inmediatos en la línea férrea
El diputado César Dávila citó a autoridades de Vivienda, Fopavi y Fegua para exigir cuentas sobre la baja ejecución presupuestaria y tranquilizar a pobladores de la línea férrea ante el temor a desalojos.
Presupuesto casi intacto tras meses de inestabilidad institucional
De un presupuesto asignado de 742 millones de quetzales para vivienda social, únicamente se han ejecutado 4.92 millones hasta la fecha. El diputado Dávila señaló que la inestabilidad en el Ministerio de Comunicaciones ha provocado ese severo retraso en la ejecución de los recursos.
Ante ese escenario, los miembros de la junta directiva de vivienda otorgaron un plazo de dos meses a las nuevas autoridades del Viceministerio de Vivienda y de Fopavi para agilizar los fondos. Advirtieron que, de no cumplirse, se verán obligados a manifestarse y bloquear carreteras.
Interventor de Fegua descarta desalojos inmediatos en la línea férrea
Otro punto de tensión durante la citación fue la situación de los pobladores asentados en los márgenes de la línea férrea, quienes temen ser desalojados por los anuncios gubernamentales sobre la rehabilitación del sistema ferroviario nacional. Dávila indicó que, tras conversar con el interventor de Fegua, transmitió un mensaje de tranquilidad a esas familias.
«El interventor fue muy claro: no va a haber desalojo. En este momento están ordenando la casa y realizando análisis financieros, jurídicos y de certeza jurídica sobre el estado real de la línea férrea, ya que existen tramos donde incluso los rieles han desaparecido», explicó el legislador.
El parlamentario precisó que el presidente de la República no puede avanzar en una propuesta de rehabilitación sin conocer antes las condiciones reales de la infraestructura. Ese estudio técnico, detalló, tomará alrededor de ocho meses.
Sin reubicación viable, no habrá desalojo para las 250 mil personas
Dávila enfatizó que la certeza jurídica de los terrenos corresponde al Gobierno, pero que constitucionalmente no se procederá en contra de las comunidades sin una alternativa habitacional viable. «Hasta que no exista un programa o un proyecto sólido de reubicación para estas 250 mil personas, no habrá ningún desalojo», puntualizó el diputado.