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Nacionales

Universitarios denuncian criminalización por protestas y llevarán el caso al ámbito internacional

30 de junio de 2026
Universitarios denuncian criminalización por protestas y llevarán el caso al ámbito internacional

Estudiantes universitarios anunciaron este martes que acudirán a una instancia internacional de derechos humanos tras agotar, según indicaron, todas las vías legales nacionales disponibles.

El grupo denunció haber sido objeto de persecución, procesos de expulsión y otras medidas dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por defender la autonomía universitaria y manifestar desacuerdo con las autoridades que dirigen la casa de estudios.

Durante la conferencia de prensa, señalaron que en la pasada elección rectoral fueron criminalizados 34 estudiantes, 34 profesores universitarios, 14 trabajadores de administración y seis personas no universitarias, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República. Precisaron que las causas fueron, a su juicio, espurias y derivadas de protestar contra lo que calificaron como una elección fraudulenta.

 Magistrados señalados por estudiantes

Los estudiantes también señalaron directamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, Julia Marisol Rivera y Dina Josefina Ochoa, a quienes acusaron de utilizar ese tribunal para proteger al rector Walter Mazariegos y a sus aliados en el Consejo Superior Universitario. Indicaron que esto constituiría el segundo episodio de ese tipo, luego de un antecedente registrado en 2022.

Asimismo, denunciaron que entre los criminalizados figuran exdecanos como Rodolfo Chang, Ada Marietta Alvarado y Eduardo Velásquez, quienes también habrían sido miembros del Consejo Superior Universitario. Uno de los voceros afirmó que nunca antes se había visto a la universidad penalizar a sus propios miembros de esa manera, aunque reconoció que en 2014 existieron sanciones administrativas contra estudiantes, entre ellos Sandra Xinico.

Los estudiantes expresaron su esperanza de que el Ministerio Público intervenga para corregir lo que calificaron como situaciones completamente ilegales.