Transportistas esperan primera sanción de Q40 mil para iniciar protestas

El conflicto entre el sector transporte y las autoridades viales ha alcanzado su punto más crítico. William Barrera, dirigente gremial, lanzó una advertencia directa al Gobierno: el sector está «esperando la primera multa» para iniciar acciones legales y medidas de hecho contundentes a nivel nacional.

La sanción administrativa de Q40,000 por la falta de reductores de velocidad es vista por los transportistas como una medida desproporcionada que atenta contra la estabilidad del gremio.

Barrera cuestionó severamente la lógica de la sanción, señalando que el Estado impone multas millonarias mientras ignora problemas estructurales como la falta de control en el valor de los fletes y la competencia desleal.

Según el dirigente, transportistas extranjeros ingresan a Guatemala y operan sin facturar, afectando la rentabilidad de las empresas locales que ahora enfrentan la presión económica de los dispositivos de velocidad y el alza en los combustibles.

Sospechas sobre el uso de etanol y presión estatal

En una declaración que añade una nueva capa de controversia al conflicto, el representante de los transportistas sugirió que la combinación del encarecimiento de los carburantes y la rigidez por los reductores podría ser una estrategia deliberada.

Barrera planteó la posibilidad de que el Gobierno busque forzar la introducción del uso de etanol en el país, utilizando la presión económica sobre el transporte pesado como mecanismo de transición obligatoria.

Esta situación ha puesto a las 11 gremiales en pie de guerra, argumentando que el sector no puede soportar más cargas financieras sin que existan garantías de competencia justa y una infraestructura vial adecuada.

La amenaza de una paralización de servicios es real y dependerá de la ejecución de las primeras sanciones por parte de la Dirección de Transportes.