Subsidio a combustibles: Beneficio llega al consumidor final
En la Ciudad de Guatemala, tras la aprobación del Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, se busca otorgar un subsidio temporal para reducir el precio de los combustibles.
El analista económico y fiscal Víctor Sarat indicó que la aprobación del decreto «fue la mejor medida que se pudo haber tomado». Explicó que el subsidio se financiará con la readecuación de montos del presupuesto del Estado.
El subsidio equivale a 8 quetzales por galón de diésel y 5 quetzales para la gasolina superior y regular. El fin es que el beneficiado directo sea el consumidor final, detalló Sarat.
Mecanismo de aplicación
Sarat resaltó que el pago del subsidio se aplicará a los importadores de combustibles. El Ministerio de Finanzas Públicas adjudicará fondos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que este entregue el monto a cada importador.
De esta forma, cuando el combustible ingrese a las gasolineras, los precios ya llevarán la rebaja. Así, el beneficio llegará directamente a los guatemaltecos.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) apoyarán la verificación. Estas entidades controlarán las importaciones de combustible al país.
Entidades de control
La Diaco, mediante el Plan Centinela, verificará los montos aplicados en las estaciones de servicio. Esto asegura que el subsidio se traslade al precio final.
La ley establece que el MEM gestionará los recursos del subsidio y publicará precios de referencia. La SAT verificará el cumplimiento tributario de los importadores.
La Contraloría General de Cuentas vigilará el destino de los montos del subsidio. La Diaco supervisará que los compradores perciban la rebaja y aplicará sanciones por incumplimiento.
Vigencia y financiamiento
El subsidio se aplicará durante tres meses o hasta agotar los recursos. Los fondos, de alrededor de 2 mil millones de quetzales, provendrán de reajustes del presupuesto del Estado vigente.
Los fondos se verterán a la cadena de distribución, utilizando los registros institucionales. De este modo, los consumidores percibirán el subsidio con la reducción de precios.