Solicitan amparo para asegurar elección de magistrados ante el Congreso

Ante la incertidumbre en el proceso legislativo, se ha presentado una acción de amparo en única instancia contra la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala. El recurso legal busca garantizar que la elección de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), correspondientes al periodo 2026-2031, se lleve a cabo conforme a la normativa vigente y sin interrupciones arbitrarias.

Exigencias para el proceso de elección

La acción legal, impulsada por el diputado Carlos López Girón, plantea una serie de requerimientos específicos orientados a evitar que la Junta Directiva del Congreso tome decisiones que, a su juicio, merman la capacidad de decisión del pleno. El documento enfatiza la necesidad de respetar los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

Entre las peticiones fundamentales, se destaca la solicitud de verificar el quórum de manera rigurosa. Se exige que este proceso cuente con un tiempo mínimo de dos minutos, tal como lo establece el artículo 69 de la ley orgánica, y que la verificación sea anunciada públicamente por secretaría mediante un conteo electrónico o individual.

Garantías contra la suspensión de sesiones

El amparo busca evitar que la Presidencia del Congreso levante las sesiones alegando falta de quórum sin haber agotado los tiempos mínimos de verificación. Según se argumenta en el documento, esta medida pretende restituir los derechos de los 141 diputados que integran el pleno, evitando que decisiones de la Junta Directiva afecten el correcto funcionamiento legislativo.

Solicitud de cumplimiento legal

El recurso legal también incluye una serie de advertencias y exhortaciones dirigidas a los integrantes de la Junta Directiva, tanto de forma individual como colegiada. Se les insta a que sus decisiones se apeguen estrictamente a derecho y a abstenerse de cualquier acción que pueda obstaculizar las funciones del pleno.

Como parte del proceso, se ha solicitado que se confiera audiencia a todas las partes involucradas, incluyendo a los terceros interesados, para que puedan examinar el informe remitido por la autoridad denunciada. Asimismo, se hace un llamado explícito a los legisladores para que la elección de los magistrados se realice dentro del plazo establecido por la ley, dando cumplimiento a la responsabilidad que el Congreso tiene en esta designación de trascendencia constitucional.

El documento concluye insistiendo en que, si el pleno llegara a aprobar lo referente a la elección de magistrados, esta decisión debe ser respetada en su totalidad por la Junta Directiva.