Residencia en EE. UU.: nueva norma de Trump pone bajo evaluación el uso de ayudas públicas
Una nueva regulación de la administración de Donald Trump sobre la denominada “carga pública” entra en vigor este viernes 18 de septiembre en Estados Unidos y amplía el margen de los funcionarios migratorios para evaluar el uso de determinados beneficios públicos por parte de extranjeros que buscan obtener la residencia permanente.
La norma, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina las reglas establecidas en 2022 y recupera un criterio más amplio para determinar si una persona que solicita una visa, admisión al país o ajuste de estatus podría depender principalmente de recursos del Gobierno.
El Gobierno de Trump sostiene que la medida busca reforzar el principio de autosuficiencia de los extranjeros y evitar que los beneficios públicos sean un incentivo para la inmigración. USCIS señala que los oficiales deberán evaluar las circunstancias de cada solicitante para determinar si existe una probabilidad de que se convierta en una carga pública.
¿Qué beneficios pueden ser considerados?
Con el nuevo criterio, los funcionarios pueden tomar en cuenta un conjunto más amplio de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Entre ellos figuran programas como Medicaid, cupones de alimentos y determinados programas de asistencia para vivienda, según reportes sobre la aplicación de la nueva regulación.
La evaluación no depende únicamente de que una persona haya recibido un beneficio. Las autoridades deben considerar el conjunto de circunstancias del solicitante, incluidos factores como su edad, estado de salud, situación familiar, bienes, recursos económicos, situación financiera, educación y habilidades, además de una declaración de apoyo económico cuando corresponda.
Por ello, recibir una determinada ayuda pública no significa automáticamente que una persona perderá la posibilidad de obtener la residencia permanente. La determinación se realiza a partir de la evaluación de las circunstancias del caso.
La medida representa un nuevo giro en la política migratoria
La regulación constituye el segundo intento de Trump de aplicar un criterio más estricto de “carga pública”. Una norma similar fue implementada durante su primer mandato, pero posteriormente fue retirada durante la administración de Joe Biden, que estableció en 2022 un estándar más limitado.
La nueva regulación también contempla cambios relacionados con las garantías económicas o public charge bonds, que pueden utilizarse en determinados casos.
Hay demandas contra la nueva regulación
La entrada en vigor ocurre mientras varios estados, condados y ciudades de Estados Unidos han presentado demandas para intentar bloquear la medida.
La coalición, encabezada por gobiernos locales y estatales, sostiene que la regulación podría perjudicar a familias inmigrantes que utilizan beneficios a los que tienen derecho y cuestiona la amplitud de los criterios que pueden utilizar los funcionarios migratorios. La administración Trump defiende la medida y afirma que busca evitar la dependencia de beneficios públicos entre quienes solicitan determinados beneficios migratorios.
¿Quiénes están exentos?
La normativa migratoria contempla excepciones para determinadas categorías de personas, entre ellas refugiados, asilados, beneficiarios de ciertas protecciones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), algunas personas con visas U o T y determinados beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS), entre otros casos.
La nueva regulación comenzó a aplicarse a las solicitudes de admisión y de ajuste de estatus presentadas a partir de su fecha de entrada en vigor, por lo que las personas que tengan procesos migratorios deben revisar las reglas correspondientes a su caso y las posibles excepciones.