Raíces propone reforma para frenar “juicios exprés” y abusos en aceptación de cargos

El bloque legislativo Raíces, encabezado por la diputada Andrea Reyes, presentó este martes una iniciativa de ley. La propuesta busca reformar el Código Procesal Penal en lo relativo al Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos. El objetivo es evitar que esta figura jurídica sea utilizada como mecanismo de impunidad o presión indebida en el sistema de justicia guatemalteco.

Durante la presentación, la diputada Reyes enfatizó que la reforma surge de la necesidad de corregir distorsiones en la aplicación actual de la ley. «Estamos tratando de que el proceso de aceptación de cargos deje de ser un proceso de impunidad para los corruptos y un proceso de extorsión y presión para los inocentes», afirmó la legisladora.

La propuesta busca garantizar que el Ministerio Público (MP) realice investigaciones exhaustivas. Estas deben culminar en sentencias basadas en pruebas sólidas, y no únicamente en admisiones de culpa obtenidas bajo posibles coacciones.

Ejes de la reforma

La iniciativa contempla modificaciones estratégicas para fortalecer la transparencia y el debido proceso. Se propone el Derecho de Reparación para las Víctimas, asegurando que el resarcimiento digno sea un eje central del procedimiento.

La reforma busca retirar del catálogo de delitos aplicables a la aceptación de cargos aquellos vinculados a delincuencia organizada, explotación y trata de personas, portación ilegal de armas de fuego y delitos contra la vida.

Uno de los cambios significativos es asegurar que las sentencias dictadas bajo este procedimiento sean apelables. Reyes fundamentó esta medida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, subrayando el derecho de todo ciudadano a recurrir fallos.

Prevención de tergiversación

La diputada Reyes ejemplificó la urgencia de estos cambios mencionando casos recientes. Citó el caso de Melissa Palacios, donde la defensa intentó modificar el tipo penal para acceder a los beneficios de la aceptación de cargos y obtener una rebaja en la pena.

Con esta reforma, la bancada Raíces pretende cerrar los portillos legales que permiten los denominados «juicios exprés». Se busca asegurar que la justicia guatemalteca responda a criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos fundamentales.