Prisión preventiva: Qué delitos quedan excluidos y cuándo entra en vigor la reforma

El diputado Álvaro Arzú Escobar, ponente de la iniciativa 6890 y presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explicó que el recién aprobado Decreto 30-2026 corrige las observaciones realizadas al anterior proyecto vetado y establece un plazo de un año para su entrada en vigencia.
El congresista detalló que la modificación responde a solicitudes planteadas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante las últimas dos semanas, quienes pidieron tiempo suficiente para crear nuevos juzgados, emitir reglamentos e implementar la unidad de medidas de coerción.
«Las razones por las que fue vetado el decreto ya fueron corregidas en este nuevo decreto, por lo que no creemos que debería haber ningún problema», afirmó Arzú Escobar respecto a la esperada sanción presidencial.
El parlamentario también buscó disipar dudas sobre el alcance de las medidas sustitutivas, enfatizando que los delitos de alto impacto quedaron excluidos del beneficio. «No quiero que la población crea que con esto se van a abrir las puertas de las cárceles; no, es para que el sistema judicial cumpla con los plazos constitucionales», puntualizó.
Alcances clave del Decreto 30-2026
Durante su pronunciamiento en el Congreso de la República, el legislador resumió los puntos centrales de la normativa:
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Presupuesto y plazo: Se otorga un año al Organismo Judicial para su implementación y se le asignan Q50 millones para abrir los nuevos juzgados y unidades de coerción.
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Delitos excluidos: No aplican medidas sustitutivas para asesinato, narcotráfico, delitos sexuales ni ilícitos vinculados a maras o pandillas (incluidos a solicitud de la PNC).
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Límite de prisión y continuidad: La prisión preventiva no podrá exceder aproximadamente un año según las etapas procesales; vencido el plazo sin avance, el sindicado recupera su libertad, pero el proceso penal continúa.
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Control telemático: Si el procesado carece de recursos para costear el dispositivo electrónico, el Estado asumirá el pago, al resultar menos oneroso que mantenerlo recluido.
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El diputado Álvaro Arzú Escobar explica que el recién aprobado Decreto 30-2026 sobre la prisión preventiva corrige las observaciones realizadas al anterior proyecto vetado y establece un plazo de un año para su entrada en vigencia. https://t.co/9SArwQmy1B
— La Red (@Lared1061) November 18, 2026