PDH lanza llamado al Gobierno ante la ola de violencia en Guatemala
Frente a la reciente ola de violencia que ha cobrado la vida de varios ciudadanos y desatado temor en diversos puntos del país, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, lanzó un enérgico llamado a las autoridades del Estado para que asuman su responsabilidad constitucional y garanticen la seguridad pública.
A través de un comunicado oficial emitido este 30 de septiembre de 2026, el magistrado de conciencia condenó los hechos criminales, expresó sus condolencias a las familias afectadas y remarcó que el clima de inseguridad no puede ser asumido como algo normal. «El Estado debe prevenir y no limitarse a explicar lo ocurrido después que las personas han perdido la vida», sentenció la institución.
Revisión a las dependencias de Gobernación
El pronunciamiento enfatiza la urgencia de evaluar si las instituciones de inteligencia y análisis criminal están generando las alertas necesarias para anticiparse al delito. En ese sentido, el PDH señaló de manera directa al Ministerio de Gobernación, instándolo a revisar minuciosamente el funcionamiento y los resultados de sus unidades clave para desarticular estructuras criminales.
Entre las recomendaciones principales dirigidas a los entes encargados de la seguridad y la justicia destacan:
- Acciones inmediatas: Redoblar los patrullajes y la seguridad ciudadana en las zonas de mayor riesgo.
- Trabajo coordinado: Fortalecer la alianza con el Ministerio Público (MP) para garantizar investigaciones prontas y llevar a los responsables ante los tribunales.
- Protección y transparencia: Resguardar a las comunidades expuestas a amenazas e informar a la población de forma clara y oportuna.
Apertura de expediente y respaldo a las fuerzas de seguridad
A pesar de las severas observaciones sobre el sistema de prevención, la Magistratura de Conciencia reconoció el esfuerzo de los agentes policiales que arriesgan su vida a diario. Asimismo, exigió a los mandos superiores proveerles de los recursos, información y equipo adecuado para cumplir con su labor.
Finalmente, ante la gravedad de la situación, el Procurador confirmó la apertura de un expediente institucional para monitorear el accionar del Ejecutivo y garantizar que el derecho a vivir sin miedo deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.