Nueva normativa obliga a contratistas del Estado a transparentar quién recibe los beneficios

El diputado José Chic citó a Finanzas, la CNCC y Contraloría para evaluar el Acuerdo 208-2024, que obliga a revelar quiénes son los beneficiarios finales de contratos con el Estado.

La normativa exige que todas las empresas proveedoras del Estado actualicen sus datos de registro —representantes legales y accionistas— en un plazo de tres meses, con fecha límite al 31 de octubre. Las que no cumplan quedarán inhabilitadas y no podrán seguir contratando con entidades estatales, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas durante la citación.

Chic señaló que la medida busca cerrar espacios a la corrupción, el lavado de dinero y los vínculos con el crimen organizado en los procesos de compras y obra pública. Como ejemplo, mencionó el caso de un representante legal de una empresa a la que el Ministerio de Cultura y Deportes paga alrededor de 50 millones de quetzales por un parque en Cobán, Alta Verapaz; esa persona fue detenida en Colombia con orden de extradición y actualmente enfrenta un proceso legal en Estados Unidos.

Seguimiento en un mes

El parlamentario también aludió a investigaciones de la IVE que apuntan a unos 15,000 millones de quetzales en casos de posible lavado de dinero vinculados a contrataciones públicas, cifra que, a su juicio, evidencia la urgencia de identificar a quiénes llegan los recursos.

Chic precisó que el mecanismo no evalúa el avance físico de las obras, sino únicamente quiénes se benefician de los contratos. Agregó que la información recabada también permitirá identificar empresas que incumplen contratos o entregan obras deficientes. El diputado indicó que dará seguimiento al proceso en aproximadamente un mes para medir el avance de la fase de actualización.