SIB urge al Congreso aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero
El Intendente de Verificación Especial, Juan Carlos Monroy, urgió la aprobación de la iniciativa de ley 6593 para modernizar el sistema preventivo nacional. Esta normativa sustituiría al actual decreto 67-2001, con el fin de actualizar las herramientas legales antes de la evaluación internacional programada para el año 2027.
Importancia de la iniciativa de ley 6593 en el sistema financiero
La actualización del marco normativo es fundamental para que el sistema nacional de prevención y represión contra el lavado de dinero sea efectivo. Según Monroy, no se trata de evaluar a una sola institución, sino de medir la capacidad de respuesta de todo el país frente a delitos financieros de alta complejidad.
El crimen organizado ha evolucionado en sus metodologías para transar financieramente, lo que vuelve obsoleta la legislación vigente de hace más de dos décadas. La adopción de nuevos mecanismos permitirá al Estado guatemalteco identificar y combatir con mayor precisión el financiamiento del terrorismo y otros ilícitos transnacionales.
Consecuencias de la ley contra lavado de dinero para Guatemala
De no aprobarse esta reforma, el país corre el riesgo de ser calificado como una nación con deficiencias estratégicas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Esta designación colocaría a la región en una lista de países no cooperantes, afectando directamente la inversión extranjera y las relaciones bancarias.
El impacto de una evaluación negativa trascendería lo político, generando repercusiones económicas y reputacionales severas. Por ello, la Superintendencia de Bancos respalda la urgencia de avanzar en la sesión plenaria con un texto que cumpla con los estándares internacionales exigidos para el ciclo de revisiones de 2027.
Lo que necesitas saber:
¿Qué nos jugamos realmente con esta nueva ley?
Si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593, Guatemala podría ser declarada oficialmente como un «país no cooperante». Esto no es solo una etiqueta diplomática; implica un golpe directo a la reputación financiera del país, encareciendo transacciones internacionales y alejando inversiones que sostienen la economía local y el empleo de los ciudadanos.
¿Por qué la ley actual ya no es suficiente?
El decreto vigente data del año 2001, una época donde la tecnología y los métodos del crimen organizado eran totalmente distintos. La normativa actual no contempla las nuevas formas de transar dinero ni las complejas metodologías que utiliza el narcotráfico y el terrorismo hoy, dejando al sistema nacional vulnerable y desactualizado.
¿A quiénes afectará la evaluación de 2027?
Aunque la gestión la lidera la Superintendencia de Bancos, la evaluación del GAFILAT afecta a todo el país. No se califica a un funcionario, sino a todo el engranaje de instituciones que deben prevenir el lavado de activos. Un fallo en el examen internacional afectaría desde grandes bancos hasta el ciudadano común que realiza transferencias.