Julio Rivera Clavería advierte que fuerzas de seguridad están sobrepasadas por la violencia
Las fuerzas de seguridad pública en Guatemala se encuentran actualmente sobrepasadas ante la escalada de violencia y hechos delictivos registrados tanto en el interior como en la ciudad capital, advirtió el exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, Julio Rivera Clavería.
De acuerdo con el analista, eventos graves como el reciente enfrentamiento armado en Huité, Zacapa —que dejó múltiples víctimas mortales—, evidencian el alto poder de fuego y la capacidad operativa de las estructuras del crimen organizado, las cuales reclutan a exmilitares y expolicías para conformar comandos fuertemente armados.
Rivera Clavería cuestionó la creación de comisiones internas dentro del Ejército para investigar estos hechos, señalando que la institución armada carece de facultades de investigación criminal y que dicha función le compete de manera exclusiva y transparente al Ministerio Público (MP).
Asimismo, el experto abordó la problemática de la violencia en las zonas urbanas, donde el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha controlan el fenómeno de las extorsiones y la lucha por el narcomenudeo. A esto se suma el accionar constante de la delincuencia común en las horas de mayor tráfico.
A criterio de Rivera Clavería, la crisis de inseguridad no es únicamente un arrastre histórico, sino también un reflejo de decisiones estratégicas fallidas, sumadas a actos de corrupción dentro del Ministerio de Gobernación, tales como la fuga masiva de privados de libertad y negociaciones irregulares.
Para contener el avance del crimen en el país, Rivera Clavería propuso una reforma profunda al sistema penal guatemalteco a través de una mesa técnica en el Congreso, tomando como referencia las reformas legales implementadas en El Salvador. Asimismo, enfatizó la necesidad urgente de depurar a la Policía Nacional Civil, fortalecer las pruebas de confiabilidad, reestructurar la inteligencia civil y retomar el control institucional de los centros penitenciarios, desde donde se calcula que se coordina más del 80% de los delitos de extorsión y sicariato.