Estado de sitio: artículos de la Constitución que tendrían restricciones en Izabal y Zacapa

El Organismo Ejecutivo emitió el Decreto Gubernativo Número 8-2026, fechado el 14 de noviembre de 2026, mediante el cual se declara el estado de sitio por un plazo de 30 días en los departamentos de Izabal y Zacapa. La medida fue adoptada en Consejo de Ministros con el respaldo de los informes de seguridad emitidos por las autoridades competentes.
Justificación y antecedentes
La declaratoria responde a la presencia y accionar de actividades vinculadas al narcotráfico, ejecutadas por grupos delictivos transnacionales y organizaciones terroristas que han perpetrado ataques armados, intimidaciones y amenazas en contra de la población civil, así como de autoridades civiles y militares. Según el documento, estas acciones ponen en grave riesgo el orden público, la vida, la justicia, la seguridad, el desarrollo patrimonial y la continuidad de los servicios públicos esenciales en ambas regiones orientales del país.
Derechos constitucionales limitados
Para garantizar la efectividad de las operaciones y el restablecimiento del orden, el decreto restringe de forma temporal la plena vigencia de los derechos reconocidos en cinco artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala:
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Artículo 5: Libertad de acción.
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Artículo 6: Detención legal.
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Artículo 26: Libertad de locomoción.
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Artículo 33: Derecho de reunión y manifestación.
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Artículo 38 (segundo párrafo): Regulación constitucional relacionada con la tenencia y portación de armas.
El articulado subraya que estas limitaciones se aplicarán estrictamente bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y convencionalidad, respetando los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y prohibiendo cualquier tipo de discriminación por etnia, sexo, idioma, religión u origen social.
Autoridad responsable y coordinación interinstitucional
El Presidente de la República ejercerá el gobierno de la región bajo su calidad de Comandante General del Ejército, canalizando las acciones a través del Ministro de la Defensa Nacional y en estricta coordinación con el Ministerio de Gobernación y demás dependencias del Organismo Ejecutivo. Asimismo, se establece que todas las entidades estatales están obligadas a prestar auxilio y cooperación a las autoridades civiles y militares cuando les sea requerido.
Medidas especiales y restricciones operativas
Durante la vigencia de la disposición en Zacapa e Izabal, las fuerzas de seguridad quedan facultadas para implementar las siguientes medidas excepcionales en los casos estrictamente necesarios:
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Control de concentraciones: Limitar, prohibir o disolver por la fuerza reuniones al aire libre, espectáculos o manifestaciones públicas (incluso privadas), especialmente si se realizan sin autorización o portando armas u elementos de violencia.
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Movilidad y tránsito: Prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en zonas y horarios específicos, restringir su salida fuera de poblaciones determinadas o someter automotores a registro riguroso.
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Colaboración obligatoria: Requerir los servicios o el auxilio de particulares, sin importar su condición, para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos de utilidad general.
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Detenciones preventivas: Ordenar, sin necesidad de mandamiento judicial previo, la detención o el confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público o de propiciar las acciones que motivaron la emergencia.
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Acciones de disuasión: Repeler o reprimir por medios preventivos, defensivos u ofensivos cualquier acción colectiva o individual contraria al restablecimiento de la normalidad.
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Allanamientos sin orden judicial: Los funcionarios encargados podrán ordenar el ingreso a domicilios o lugares cerrados sin orden escrita de juez ni permiso del propietario, únicamente si existen indicios de que se oculta una persona con orden de captura vinculada al estado de emergencia, o cuando se presuma la presencia de armas, instrumentos o efectos del delito.
Disposiciones de resguardo cultural y vigencia
El decreto aclara expresamente que las actividades culturales, religiosas, deportivas y las ferias patronales podrán desarrollarse con absoluta normalidad en ambos departamentos durante este período.
Finalmente, el documento convoca al Congreso de la República para que, en un plazo de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el decreto gubernativo, e instruye a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala realizar la traducción inmediata de la normativa a los idiomas nacionales para su amplia difusión comunitaria y municipal. La disposición entra en vigor de manera inmediata tras su emisión y publicación en el diario oficial.