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Economía

Enmiendas buscan frenar “excesos” en aplicación de ley antilavado

22 de abril de 2026
Enmiendas buscan frenar “excesos” en aplicación de ley antilavado
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El diputado Julio Héctor Estrada, integrante de la comisión de economía del Congreso de la República, dio a conocer enmiendas presentadas a la Ley del Lavado de Dinero y Otros Activos. Las propuestas buscan modificar la conservación de registros y el valor probatorio de los informes de transacciones sospechosas.

Conservación de Registros

Estrada explicó que el Artículo 34 de la ley actual establece la conservación de registros por 5 años después de la terminación de una relación comercial. Sin embargo, las asociaciones fiscales en Guatemala deben conservar documentos por 4 años, y la ley añade 10 años adicionales para la conservación digital.

El diputado señaló que esta medida es adecuada para bancos y financieras reguladas, pero no para inmobiliarias, joyerías, abogados o contadores. «Lo que he planteado es que le aplique esos 10 años adicionales solamente a las que son, o sea, que excluya a las a los pequeños, digamos», indicó Estrada. Esto busca evitar problemas legales futuros por la falta de registros en pequeñas empresas.

Rol del Ministerio Público

En cuanto al Artículo 52, la enmienda busca definir mejor la norma respecto a los informes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Estrada detalló que ha habido «excesos» en el Ministerio Público (MP) al tomar informes de transacciones sospechosas y presentarlos directamente como pruebas en juicio o para medidas cautelares.

La propuesta establece que «no solitas las notificaciones de riesgo o los informes de riesgo representan valor probatorio a nivel judicial, sino que el MP tiene que hacer su propio trabajo de investigación». El diputado enfatizó que las transacciones sospechosas son indicios, pero el MP debe realizar su propia investigación antes de presentar un juicio.

Medidas Cautelares

Otro punto abordado se refiere a las medidas cautelares, especialmente cuando existe «peligro de apuro». Estrada apoyó la propuesta de la diputada Karina Paz y su asesor, la cual busca que los jueces tengan un plazo definido para resolver casos que involucren medidas cautelares y decomisos.

El objetivo es evitar que las personas queden sujetas a acciones cautelares por años, basándose únicamente en informes de transacciones sospechosas, sin una resolución judicial. Estas enmiendas buscan tutelar garantías constitucionales y responsabilizar al usuario en la implementación de las normas para la población en general y prestadores de servicios.