Diputado acusa red de presiones para adquirir medicamento sin controles de calidad

El diputado Inés Castillo, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció este lunes que la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) son presionados para adquirir un medicamento prohibido por la Corte de Constitucionalidad (CC). Se trata del fármaco Eposin, que no cumple los requisitos de calidad y cadena de frío. La CC resolvió prohibir la compra de este medicamento en el país.

El Departamento de Regulaciones del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) suspendió inicialmente a la empresa distribuidora de Eposin. Sin embargo, la empresa presentó un recurso de revocatoria que lleva año y medio sin resolverse. Esta situación permite que la empresa continúe prestando servicios.

Denuncias de sobrecostos y amparos

Castillo indicó que jueces y salas de apelaciones están ordenando a UNAERC y al IGSS la compra de este medicamento de origen cubano. Ambas instituciones han adquirido más de Q100 millones de este fármaco en los últimos cinco años. Solo en el año 2025, se compraron Q18 millones.

El parlamentario Castillo enfatizó que UNAERC ha sido presionada para comprar medicamentos de una distribuidora específica a precios significativamente más altos que los del mercado. «No podemos permitir que se juegue con la salud de los guatemaltecos. Es inaceptable que se pretenda obligar a una institución a comprar medicamentos caros a empresas que no deberían estar operando con el Estado», citó Castillo.

La empresa distribuidora, identificada como New Heavy, ha estado amparándose desde 2020-2021, con una asociación llamada Betesla o Betel. Estos amparos obligan a las instituciones a comprar el medicamento, a pesar de su prohibición por la CC debido a que no mantiene la cadena de frío. El medicamento está destinado a pacientes con enfermedades crónicas renales.

Investigaciones solicitadas

Ante esta situación, el diputado Castillo solicitó al Procurador de los Derechos Humanos, a la Contraloría General de Cuentas y a la Fiscalía General de la República iniciar investigaciones. Las denuncias se centran en la violación del derecho a la salud y posibles amaños en el Departamento de Regulaciones del Ministerio de Salud Pública. El diputado afirmó que ya dio la orden y firmará las denuncias en la tarde.

Castillo señaló que el ministro de Salud, Barrueta, «ni conocimiento tiene» de la situación y que el Departamento de Regulaciones no apela los amparos, permitiendo que queden firmes. Añadió que los procedimientos administrativos se realizan a favor de estas empresas, facilitando la compra de medicamentos en el país.

El diputado Castillo afirmó que las irregularidades en el Departamento de Regulaciones del Ministerio de Salud Pública no son un caso aislado y se han reportado desde hace «muchos años». La falta de intervención y control en dicho departamento permite que las empresas continúen con la adquisición de fármacos bajo estas condiciones.