Diputada acusa a Arévalo por contrato portuario a empresa inhabilitada

La diputada Sandra Jovel denunció que la Empresa Portuaria Quetzal aprobó el 2 de junio de 2026 un arrendamiento de 25 años a una empresa inhabilitada en Guatecompras.
Empresa inhabilitada obtiene contrato portuario
La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) aprobó por unanimidad un arrendamiento de 25 años del recinto portuario a favor de Obras Marítimas, S.A. (MARISA), entidad que figura como proveedor inhabilitado del Estado en los registros de Guatecompras. La diputada Sandra Jovel, ponente de las iniciativas de ley del sistema portuario, señaló que la adjudicación se realizó de forma previa a la aprobación de la nueva normativa del sector.
Jovel advirtió que la acción gubernamental se ejecutó «de una manera descomunal en donde no debería de haber» e indicó la existencia de presuntos vínculos entre los beneficiarios del contrato y allegados del Ejecutivo. «Es lamentable que el presidente Arévalo, teniendo la oportunidad de poder hacer cambios de nación y cambios trascendentales en el país, se haya prestado a ser el corruptor y el corrupto más grande que ha tenido el pueblo de Guatemala», expresó la legisladora.
#LaRedInforma | La diputada Sandra Jovel denunció que la Empresa Portuaria Quetzal aprobó un arrendamiento por 25 años a favor de Obras Marítimas, S.A. (MARISA), empresa que figura como inhabilitada en Guatecompras.
Jovel cuestionó la adjudicación y advirtió que la concesión… pic.twitter.com/EGaObZjUeE
— La Red (@Lared1061) August 11, 2026
Concesión afecta proyecto de hub logístico
La parlamentaria precisó que la concesión compromete recursos e infraestructura estratégica con la que Guatemala buscaba posicionarse como un hub logístico a nivel latinoamericano. Agregó que la adjudicación anticipada tiene como propósito eludir los controles técnicos contemplados en la nueva ley del sistema portuario, cuya implementación plena requerirá entre dos y tres años adicionales de reglamentación.
Al ser consultada sobre las acciones legales a seguir, Jovel indicó que, al tratarse de acuerdos previos a la vigencia de la nueva normativa, serán las futuras administraciones quienes deberán evaluar la continuidad o revocación de las concesiones conforme a los criterios de transparencia y legalidad institucional.