Contreras advierte sobre el futuro incierto de los precios de combustibles
Tras la reciente suspensión temporal de los impuestos a los combustibles para amortiguar el impacto en la economía familiar, el ambiente en el Congreso de la República refleja cautela. El presidente del Organismo Legislativo, diputado Luis Contreras, confirmó que la junta directiva y las bancadas se encuentran analizando nuevas medidas a mediano plazo para hacer frente a la crisis energética.
Un panorama internacional incierto
A pesar del alivio fiscal aprobado a nivel local, las autoridades reconocen que el margen de acción es complejo debido a la volatilidad del mercado petrolero mundial y la persitencia de los conflictos armados internacionales.
Al ser cuestionado sobre las siguientes acciones, el parlamentario explicó la búsqueda de más alternativas paliativas para el país:
«Estamos viendo qué más paliativos vamos a encontrar para esta crisis».
Tensión por el mercado mundial de carburantes
El titular del Legislativo subrayó que la inestabilidad internacional continúa siendo el principal factor de riesgo para el costo de los carburantes en el territorio nacional.
Contreras fue enfático al describir la dificultad de prever el comportamiento de los precios en las semanas venideras:
«La guerra sigue, parece que se ha intensificado y no sabemos cuál es el futuro de los combustibles en Guatemala, no lo sé».
El temor al desabastecimiento
Más allá de la fluctuación en los precios por galón, la principal preocupación manifestada por el presidente del Congreso radica en la cadena de suministro y la disponibilidad del producto en el mercado nacional.
De no estabilizarse el contexto internacional, el impacto en la distribución de carburantes podría ser severo:
«Espero que no exista desabastecimiento, que sería crítico».
Próximos pasos en la agenda legislativa
Con la suspensión de impuestos ya en vigor, el Legislativo continuará evaluando junto a técnicos y comisiones específicas qué herramientas legales adicionales se pueden activar a mediano plazo para proteger la canasta básica y evitar un impacto mayor en el costo del transporte público y de carga.