Contaminación y falta de gestión agravan la crisis del agua en Guatemala

Guatemala ha transitado de la abundancia a la escasez de agua debido a la ausencia de una normativa reguladora y a la falta de gestión del recurso hídrico. Ante este panorama, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, impulsó la discusión de la Iniciativa de Ley de Aguas con el objetivo primordial de brindar certeza jurídica tanto al consumo humano como a los sectores productivos e industriales a mediano y largo plazo.

De acuerdo con la titular de la cartera ambiental, el país padece un grave problema de distribución y contaminación. A pesar de contar con disponibilidad hídrica por las lluvias, el agua no se gestiona, se contamina en ríos y lagos, y termina fluyendo hacia el mar. Actualmente, el sector productivo —que abarca la agricultura, la industria, el comercio y la hidroelectricidad— consume entre el 90 % y el 95 % del agua aprovechable, mientras que el consumo para uso humano no supera el 6 % o 7 %.

Para solucionar este desequilibrio, la propuesta legislativa contempla la creación de la Autoridad Nacional del Agua, concebida como un ente estrictamente técnico para evitar el manejo político y los conflictos de interés. Esta entidad tendrá la facultad de construir infraestructura nacional y regional destinada a captar, almacenar y distribuir agua. La iniciativa abre las puertas para que estas inversiones se efectúen mediante fondos del gobierno central, inversión privada o alianzas público-privadas (APP).

Asimismo, la normativa contempla un enfoque municipalista para liberar a los gobiernos locales de responsabilidades operativas que no han podido asumir por falta de capacidad técnica o financiera. Al transferir a la Autoridad Nacional la competencia para invertir en plantas de tratamiento y saneamiento de aguas residuales, se busca frenar la contaminación de las cuencas y garantizar la sostenibilidad del recurso en todo el territorio nacional.