Congreso aprueba Ley de Ciberseguridad entre controversia por trámite exprés
El Congreso de la República avaló por la vía rápida la Ley de Ciberseguridad, una normativa orientada a perseguir delitos informáticos y blindar sistemas estratégicos, cuya repentina aprobación desató controversia en el hemiciclo.
El cuerpo legal, registrado como el Decreto 26-2026, llena un vacío normativo histórico en el país mediante la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad en Guatemala (CRIC-GT). Además, fija pautas de preservación para evidencia digital y promueve la cooperación internacional.
Alcance penal y modificaciones de última hora
A lo largo de sus 96 artículos, el decreto redefine las responsabilidades y tipifica las conductas delictivas en el entorno digital:
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Nuevos tipos penales: Sanciona el acceso e interceptación ilícita, ataques a sistemas, fraude, falsificación, apropiación de identidad ajena, pornografía infantil y la responsabilidad para personas jurídicas.
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Rebaja de condenas: A través de enmiendas de último momento, el pleno redujo las penas fijadas en el dictamen original, que contemplaban de 8 a 20 años de prisión.
Trámite exprés y reparos en el hemiciclo
La vía rápida inició con una moción de la diputada Victoria Palala, jefa de la bancada oficialista afín al cancelado Movimiento Semilla, para declarar el tema de urgencia nacional. La propuesta avanzó con 109 votos, se conoció en debate único con 111 sufragios y fue ratificada finalmente con 121 votos a favor y 10 en contra.
El procedimiento generó desconcierto inicial entre legisladores que desconocían los textos a votar, obligando al presidente del Congreso, Luis Contreras, a ordenar un receso prolongado, mientras fuentes parlamentarias vincularon los apoyos a acuerdos sobre el presupuesto estatal de 2027.
Aunque respaldaron el espíritu de la ley, opositores como Álvaro Arzú Escobar (Partido Unionista), Ronald Portillo (Vamos) y Byron Rodríguez (Todos) criticaron las prisas, advirtiendo que un tema con impacto en garantías como la libertad de expresión requería tres debates y mesas técnicas previas.