Así operaba el notario capturado por despojar de sus bienes a familias
La fe pública que el Estado le otorgó para dar legalidad a los actos de los ciudadanos terminó convertida, supuestamente, en la herramienta para quitarles sus propiedades. La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP) desarticuló una maniobra fraudulenta tras la captura del notario Miguel Á. durante un operativo en las zonas 1 y 12.
Detrás de su protocolo notarial no solo había papelería legal, sino una trama calculada para despojar de forma continua de bienes inmuebles a sus verdaderos dueños.
El engranaje del fraude: Firmar en nombre de los difuntos
El esquema utilizado por el sindicado se basaba en la manipulación deliberada e ilegal de instrumentos públicos. La investigación del MP detalla un patrón sistemático sobre cómo funcionaba la red:
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La búsqueda de objetivos: Se identificaban inmuebles valiosos o en situaciones patrimoniales particulares para iniciar el traspaso.
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Resucitar firmas en el papel: El profesional hacía comparecer en escrituras y contratos públicos a personas que ya habían fallecido. Utilizando sus datos e identidades en los libros de protocolo, simulaba ventas o cesiones de derechos.
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Abuso de la fe pública: Aprovechando que la ley le otorgaba a su firma el poder de dar «por verdadero» lo que asentaba, validaba la presencia y voluntad de personas que llevaban años de haber muerto.
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El lucro injusto: Una vez cambiado el titular en los registros, las propiedades eran vendidas o traspasadas rápidamente para bancarizar las ganancias e impedir que los herederos legítimos pudieran recuperar los bienes fácilmente.
Un rastro documental en la mira de la justicia
Para desmantelar este esquema, investigadores del MP y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) irrumpieron en inmuebles de las zonas 1 y 12. En los registros se incautó material clave: expedientes, timbres, sellos y dispositivos que servirán para probar cómo el abogado «revivía» legalmente a los difuntos para fabricar escrituras falsas.
El notario deberá responder ante la justicia por el uso sistemático de su función para amasar un beneficio económico a costa del patrimonio de familias guatemaltecas.