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Gobernación niega convenio con Fundantigua

5 de mayo de 2026
Gobernación niega convenio con Fundantigua

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó, a través de un boletín oficial fechado el 05 de mayo de 2026, que el Ministerio de Gobernación confirmó la inexistencia de un convenio legal vigente con la entidad Fundantigua. Esta situación afecta el sistema de videovigilancia municipal y ha derivado en medidas forzosas ordenadas por un Juez Penal.

La comuna antigüeña realizó una consulta formal al Ministerio de Gobernación. La respuesta oficial y categórica indicó que no existe ningún acuerdo o instrumento legal con Fundantigua.

El Ministerio de Gobernación, por medio de su Unidad de Información Pública, señaló que no posee documentos, archivos ni resoluciones que respalden un acuerdo con Fundantigua. Dicho acuerdo se refiere al sistema de videovigilancia y atención de botones de pánico en el municipio.

La entidad precisó que una posible suscripción de convenio se encuentra en fase de análisis. Por ello, actualmente no tiene validez legal alguna.

Medidas forzosas para Fundantigua

En vista de esta situación, y por orden de un Juez Penal, Fundantigua tiene la obligación legal de cumplir con varias medidas forzosas. La Municipalidad recupera el control y operación total del sistema de videovigilancia.

Además, el equipo de monitoreo debe ser reinstalado en el Centro Cultural César Brañas. Se ordena la suspensión de cualquier centro de monitoreo privado que no cuente con la autorización del Ministerio de Gobernación.

La autoridad municipal subrayó que es obligatoria la entrega de contraseñas, credenciales y números de botones de pánico a las autoridades municipales.

Desmienten uso de cámaras para multas

La Municipalidad de Antigua Guatemala desmintió categóricamente los rumores sobre el uso del sistema de videovigilancia para imponer multas de tránsito. El sistema se utiliza exclusivamente para la seguridad de ciudadanos y visitantes.

La comuna reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad. No permitirá que intereses privados operen sistemas públicos fuera del marco de la ley.