Amparo ante la CC busca frenar extorsiones originadas en centros penitenciarios
El diputado José Chic presentó un amparo ante la CC para obligar al Ministerio de Gobernación y al Presidente a instalar bloqueadores de señal y construir dos cárceles de máxima seguridad.
70% de extorsiones desde las cárceles
Según datos del Ministerio Público citados por el parlamentario, aproximadamente el 70% de las extorsiones que afectan a la población guatemalteca se originan dentro de los centros de privación de libertad. Chic identificó seis centros como los principales focos de esta actividad delictiva.
| Centro de detención | Ubicación |
|---|---|
| Centro Preventivo | Zona 18, Ciudad de Guatemala |
| Pavón y Pavoncito | — |
| Fraijanes | — |
| Cantel | — |
| Cárcel Renovación 1 | Escuintla |
El diputado también señaló que dentro de los centros penitenciarios se generan alrededor de 500 millones de quetzales anuales por concepto de «talacha», un mecanismo de extorsión mediante el cual reclusos realizan llamadas a familiares de personas detenidas. Como ejemplo de la falta de control, indicó que durante una requisa realizada el sábado en Renovación 1 —clasificada como cárcel de máxima seguridad— se localizaron alrededor de 70 teléfonos celulares.
#LaRedInforma | El diputado José Chic presentó un amparo ante la CC para exigir al Gobierno la instalación de bloqueadores de señal en cárceles y la construcción de los centros de máxima seguridad El Triunfo y Masagua.
Según datos citados por el legislador, el 70% de las… pic.twitter.com/3wZVgZQfoH
— La Red (@Lared1061) July 7, 2026
Dos cárceles sin construir pese a tener fondos
El amparo exige además que el gobierno garantice la construcción de las cárceles El Triunfo, en Izabal, y Masagua, en Escuintla, antes de que concluya la actual administración. Chic precisó que el Ministerio de Defensa ya cuenta con 500 millones de quetzales asignados para El Triunfo, y que desde 2020 existe un préstamo de aproximadamente 70 millones de dólares para financiar Masagua.
El parlamentario agregó que, pese a que la Corte de Constitucionalidad ya resolvió un ocurso en queja interpuesto por los ministerios de Defensa y Gobernación, hasta la fecha no ha iniciado la construcción de ninguna de las dos instalaciones. Asimismo, recordó que el Decreto 11-2015, Ley Antipandillas, ordena la edificación de estas cárceles y que tampoco se ha dado cumplimiento a ese mandato legal.
El amparo abarca los 23 centros a cargo del Sistema Penitenciario y las aproximadamente 12 cárceles públicas bajo custodia de la Policía Nacional Civil, ubicadas en departamentos como Huehuetenango, Jutiapa y San Marcos, algunas de las cuales han sido declaradas inhabitables. Por su parte, el diputado también cuestionó que la fuga de 20 privados de libertad ocurrida en Fraijanes 2 permanezca sin esclarecerse, señalando que el centro no contaba con cámaras de seguridad y que hasta hoy no se ha identificado a ningún responsable material ni intelectual.