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Allanamientos sin orden judicial y detenciones: así operará el estado de sitio en Guatemala

17 de noviembre de 2026
Allanamientos sin orden judicial y detenciones: así operará el estado de sitio en Guatemala
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El estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal por un período de 30 días otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para actuar contra las estructuras criminales y restablecer el orden público. La medida, establecida mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, también contempla restricciones temporales a determinadas garantías constitucionales.

Entre los derechos cuya plena vigencia queda limitada figuran la libertad de acción, la detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como la tenencia y portación de armas, de acuerdo con los artículos 5, 6, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República.

¿Qué podrán hacer las autoridades durante el estado de sitio?

La normativa amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad para ejecutar acciones orientadas a combatir las actividades delictivas que motivaron la declaratoria. Entre las facultades contempladas se encuentra ordenar la detención o confinamiento de personas sospechosas de alterar el orden público, sin necesidad de mandamiento judicial, bajo las condiciones establecidas en la Ley de Orden Público.

También se podrán restringir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y espectáculos, así como disolver concentraciones en las que se registren actos de violencia o participen personas armadas. Las autoridades podrán, además, establecer limitaciones a la circulación y estacionamiento de vehículos en determinados lugares y horarios.

Allanamientos sin orden judicial

Otro de los alcances de la medida corresponde a los allanamientos. Durante la vigencia del estado de sitio, las autoridades encargadas de aplicar el decreto podrán ordenar el ingreso a viviendas u otros lugares cerrados sin necesidad de una orden judicial escrita ni autorización del propietario, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la normativa.

Entre estas circunstancias figuran la existencia de indicios de que en el inmueble se encuentra una persona contra quien se haya emitido una orden de captura o detención, o la presunción de que allí existen armas, instrumentos u objetos relacionados con los delitos perseguidos. Para efectuar estas diligencias deberá existir una orden escrita del funcionario que disponga la medida.

Restricciones temporales y control de las autoridades

El estado de sitio tendrá una vigencia inicial de 30 días en ambos departamentos. Durante este período, las fuerzas de seguridad podrán ejecutar las acciones extraordinarias contempladas en el decreto, bajo el marco de la Constitución Política y la Ley de Orden Público.

La disposición también establece que ninguna persona podrá ser perseguida o molestada por sus opiniones ni por actos que no constituyan una infracción a la ley. Las restricciones deberán aplicarse en la medida necesaria para enfrentar a las estructuras criminales y restablecer el orden público.

El Decreto Gubernativo 8-2026 deberá ser conocido por el Congreso de la República, que tiene la facultad de ratificarlo, modificarlo o improbarlo.