Allanamiento en el Fischmann: Qué originó el operativo y cuáles fueron los resultados
La tensión escaló en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, en la zona 13 de la capital, debido a un operativo del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) que comenzó desde la mañana del pasado viernes 23 de octubre. La prolongada duración de las diligencias judiciales dentro del recinto educativo comenzó a generar incertidumbre entre los familiares.
Ante la persistente falta de información oficial y de garantías claras sobre el estado físico y emocional de sus hijos, un grupo de padres denunció públicamente el hermetismo de las autoridades mientras los estudiantes permanecían retenidos. La angustia aumentó al pasar las horas sin una comunicación directa que tranquilizara a las familias congregadas en las afueras.
La situación llegó a un punto crítico en horas de la noche, cuando los desesperados padres de familia decidieron derribar un portón principal para ingresar a la fuerza y constatar por sí mismos el bienestar de los menores. Esta acción ciudadana obligó a la pronta reacción de las fuerzas de seguridad apostadas en el perímetro escolar.
Hallazgos e intervención institucional
Un contingente de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar para controlar los ánimos, sumándose a la presencia de la PDH y la PGN. Las instituciones fiscalizaron cada uno de los protocolos aplicados durante la revisión de los dispositivos electrónicos de los alumnos.
Durante el desarrollo del operativo, las autoridades revisaron los teléfonos celulares de unos 200 alumnos pertenecientes a nueve secciones diferentes del establecimiento. Como resultado de esta minuciosa inspección, se localizaron cerca de 30 dispositivos con material multimedia clave para la investigación y se logró detectar a una posible víctima protegida.
Por su parte, el MP indicó que el expediente quedó bajo estricta reserva legal debido a la participación de menores de edad, mientras que el Mineduc llamó a la calma asegurando que personal institucional vigiló los derechos de los alumnos. Las entidades gubernamentales reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos conforme a la normativa vigente.